El Gobierno ha puesto en marcha en el último año sucesivas reformas por decreto para frenar el impacto para familias y empresas de la subida de la electricidad y de los combustibles. El Ejecutivo ha levantado un sistema de control de las compañías energéticas para evitar beneficios extraordinarios aprovechando la crisis de precios (los conocidos como "beneficios caídos del cielo") y para asegurarse de que aplican correctamente todas las medidas impuestas (como el descuento de 20 céntimos por litro de carburante, entre otras).
El Ejecutivo no se fía de las grandes compañías y una parte crucial de las funciones de esta nueva estructura de control y vigilancia de la actividad de los grandes grupos ha recaído en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El organismo se ha topado en los últimos meses con un aluvión de nuevas atribuciones que han supuesto una enorme carga de trabajo para su Dirección de Energía, que se ha visto desbordada cuando ya arrastraba un problema de falta de recursos humanos.
La cúpula de la CNMC, comandada por su presidenta, Cani Fernández, ha venido alertando de la escasez de personal y solicitó un refuerzo de plantilla para el área energética para poder atender las nuevas funciones y no desatender ninguna de sus ocupaciones habituales. El organismo ha arrancado al Ministerio de Hacienda un aumento de personal, pero de momento sólo de apenas dos tercios de la ampliación de plantilla reclamada.
La CNMC reclamó la creación de 42 nuevas plazas para asumir sus nuevas competencias en materia energética. La Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR), dependiente enteramente del Ministerio de Hacienda desde que asumió también el área de Función Pública, ha autorizado 28 nuevos puestos de funcionarios, según confirman a El Periódico de España, diario del mismo grupo, Prensa Ibérica, que este periódico, fuentes de la CNMC.
De los nuevos puestos aprobados 18 corresponden directamente a la Dirección de Energía, ocho a la Secretaría General para funciones en materia energética y otros dos para el área de Transportes. Aún quedan pendientes de autorizar otras 14 plazas solicitadas que el organismo confía en conseguir el visto bueno en breve. Actualmente, la Dirección de Energía de la CNMC cuenta con una plantilla de 114 personas (5 funcionarios y 109 empleados laborales).
En cualquier caso, la aprobación de los puestos de funcionarios no implica la incorporación inmediata de los funcionarios para asumir la sobrecarga de trabajo. “No contamos ya con los efectivos. Lo que se autoriza es la creación de los puestos, partir de ese momento hay que empezar con el proceso de reclutamiento entre el personal funcionario de la Administración del Estado y, una vez incorporados, formarlos adecuadamente”, advierten desde Competencia.
Vigilar a las energéticas
El Gobierno diseñó el pasado septiembre un sistema de recortes a las eléctricas para evitar posibles beneficios extraordinarios provocados por la subida de los precios energéticos. El Ejecutivo obligaba a nucleares, hidroeléctricas y a parte de las renovables a devolver los ingresos extraordinarios que supuestamente estaban obteniendo al vender su electricidad a los precios desorbitados del mercado mayorista (un encarecimiento que se deben al alza del gas y los derechos de emisión de CO2, que son coste que estas tecnologías no soportan).
Las compañías eléctricas hacen cada mes un envío masivo de miles de contratos para mostrar las condiciones y el precio de venta al que realizan el suministro a clientes con los que tienen acuerdos bilaterales a largo plazo con el objetivo de librarse de los recortes. El aluvión de contratos llega primero a Red Eléctrica de España (REE), el operador del sistema eléctrica y que ha sido designado por el Gobierno para calcular cada mes cuánto tienen que devolver, y éste los remite posteriormente a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia.
Posteriormente, el Gobierno aprovechó el 'macrodecreto' de medidas anticrisis por la guerra de Ucrania para revisar el sistema de minoración de los ingresos extra para incluir todos contratos que se firmen a precios altos (por encima de 67 euros por megavatio hora) y para crear un sistema de vigilancia especial para las grandes eléctricas para asegurarse de que no se están ocultando los conocidos como “beneficios caídos del cielo” ('windfall profits') a lo largo de la cadena de contratos para acabar trasladando los precios inflados al cliente final.
Los grandes grupos eléctricos (singularmente Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP o Repsol) venden gran parte de la electricidad que producen directamente a sus propias comercializadoras, a empresas integradas en su propio grupo empresarial. El Gobierno ha decidido poner un foco especial en este tipo de contratos intragrupo, y vigilará el precio final que las comercializadoras repercuten al consumidor. Así que se dispara el número de contratos que las compañías envían a REE y que la CNMC debe revisar, con la consiguiente carga de trabajo adicional.
En los últimos meses, la CNMC se ha visto obligada a asumir el control de que todas las gasolineras están aplicando correctamente el descuento de 20 céntimos por litro para todos los conductores decretado por el Gobierno para frenar la escalada de precios de los combustibles. Y también han recaído en la CNMC otras labores extra como el recálculo urgente la retribución de miles de plantas renovables adscritas a una rentabilidad garantizada por ley (Recore) o un nuevo cálculo de cómo repartir el coste del bono social eléctrico (el descuento en el recibo de luz para hogares vulnerables) entre todas las empresas del sector.
