El Ministerio de Trabajo ha presentado este viernes la guía oficial para medir la incidencia de los algoritmos en el día a día de las empresas. El documento elaborado desde el departamento dirigido por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, pretende ofrecer a trabajadores y empresas una herramienta para poder medir, a través de una batería de preguntas, el origen, procedencia, posibles sesgos y grado de impacto de una solución tecnológica automatizada en la organización del trabajo. "Vivimos ya en sociedades algorítmicas, [...] tenemos que poner a favor de la sociedad las matemáticas", ha declarado Díaz.

El documento que este viernes a presentada la vicepresidenta segunda es fruto del trabajo de un comité de expertos seleccionados desde el Ministerio, entre los que se cuentan Gemma Galdón (coordinadora) y los profesores o investigadores universitarios Anna Ginès (Esade), Ana Belén Muñoz (UC3M), Javier Sánchez-Monedero (Universidad de Córdoba) y Adrián Todolí (Universitat de València). Sus 30 páginas pretenden sintetizar qué es un algoritmo, cómo funciona y qué información están obligadas por ley las empresas a facilitar a sus trabajadores. 

Esta iniciativa se deriva de la ‘ley Rider’, que ampliaba el derecho a información de los empleados de cara a sus empresas. La norma obliga a las compañías a abrir su ‘caja negra’ de los algoritmos y facilitar información sobre el grado de incidencia de los mismos en la toma de decisiones. Por ejemplo, en Amazon el número de operarios destinados a cubrir las diferentes fases de actividad viene recomendado por un algoritmo, si bien la decisión final de mandar más o menos gente es de un cargo intermedio. ¿Bajo qué parámetros construye el algoritmo sus recomendaciones y deja unos puestos con más o menos gente? Eso es algo que, tras la aprobación de la ley, el comité de empresa puede exigir saber a la dirección de la compañía. 

El documento presentado incide en la importancia de que la intervención humana sea constante en cada una de las decisiones y no solamente en alguna parte o en el final del proceso. Para así evitar que en ningún momento de la cadena se produzca un sesgo o discriminación involuntario.

Romper la asimetría informativa

"¿La empresa utiliza algoritmos o sistemas de decisión automatizada para la elaboración de perfiles de las personas?". Esta es una de las preguntas que recoge la guía sobre algoritmos. Y es que la gestión masiva de datos para la selección y filtrado de perfiles es uno de los usos más comunes hoy en día de algoritmos en las empresas. Por ejemplo en las empresas de trabajo temporal (ETT) o de reclutamiento, que han recibido críticas por excluir a los candidatos de mayor edad.

Conocer su uso o no y bajo qué criterios se decide primar una persona sobre otra o descarta determinados grupos de personas es una de las informaciones clave para prevenir posibles sesgos desconocidos o discriminatorios. También si el algoritmo se basa en un código fijo o va modificándolo en función del aprendizaje continuo. "Esta herramienta busca romper la asimetría de la información entre trabajadores y empresa", ha explicado la coordinadora del proyecto, Gemma Galdón

No es solo una herramienta para ayudar a los trabajadores a defender sus derechos -mayormente está pensado para ello-, sino que también puede servir de referencia para las compañías que compran algoritmos diseñados por otras. Es decir, la gran mayoría. "¿Se han realizado modificaciones o alteraciones del software en su instalación? Sí. En su caso, ¿de qué tipo y con qué finalidad?", son dos preguntas básicas que recomienda hacer Trabajo a las compañía cuando adquieren programas de este tipo.

La vicepresidenta segunda ha avanzado durante la presentación de la guía que la puesta en marcha del algoritmo para perseguir las horas extras no remuneradas será "inminente". El algoritmo MAX ('Más algoritmos para menos horas extras') busca acotar los excesos de jornada y, sobre todo, los excesos de jornada incontrolados y no remunerados. En España se trabajan unas 27 millones de horas extras no pagadas y normativas como el registro de jornada -que lleva tres años en vigor- no han conseguido frenar estas prácticas.