No hubo sorpresa. Astilleros Armón, uno de los principales grupos de construcción naval de España, ha recibido el visto bueno del juzgado de lo Mercantil número 2 de Pontevedra, con sede en Vigo, para adquirir la unidad productiva de Hijos de J. Barreras. La magistrada Amelia Pérez coincide así con el criterio de la administración concursal, ejercida por Tahice Legal, que descartó tanto las opciones de Gondán como de Marina Meridional. En suma, Armón abonará 14,7 millones de euros, que se corresponde con 14,2 millones por las instalaciones y otros 500.000 euros por la chatarra de los cascos de Havila. A juicio de la jueza, el mayor cumplimiento de las obligaciones con los acreedores va a permitir “la conservación de empresas auxiliares”.

"La sostenibilidad del tejido empresarial e industrial del sector auxiliar y complementario de la actividad de Hijos de J. Barreras, vinculada al sector naval, determina que haya que velar por la satisfacción de los créditos de quienes, como acreedores, concurren al proceso”, abunda la resolución, difundida esta mañana. La operación de compraventa se materializará en el plazo máximo de un mes, a contar desde hoy. De inicio, Barreras reactivará la actividad con dos buques. El primero, un arrastrero congelador de 60 metros para la armadora argentina Red Chamber, que se dedicará a la captura de merluza. El segundo, un oceanográfico para Islandia, un nicho de mercado que Armón conoce a la perfección y en el que se estrenarán las instalaciones de Beiramar número 2.

La decisión del juzgado será fuertemente contestada por la plantilla, como lo fue ya el informe de los administradores. La magistrada se explica abundantemente a este respecto. “Si se mantiene la estructura empresarial existente para evitar la pérdida de puestos de trabajo, se está favoreciendo a los trabajadores de la concursada, pero a costa de los acreedores y los trabajadores de estos acreedores, que también se ven afectados”, dice textualmente la decisión. Ha primado, pues, el interés del concurso. La propuesta de Armón contempla la subrogación de una veintena de trabajadores, lo que implicará el despido de un centenar de operarios del astillero.

 “Tampoco la carga de trabajo, basada en meras expectativas, aunque importantes y quizás fundadas”, permite presumir “que sea precisa toda la plantilla para la puesta en marcha de la actividad de construcción y reparación naval”, abunda. La resolución es firme, y no admite por tanto ningún recurso.