Cómo vivir una vida tan larga. En el año 2013, y bajo la presión indisimulada de Bruselas, el Gobierno central –entonces, bajo la batuta de Mariano Rajoy– creyó haber encontrado la respuesta, al menos en lo económico, a esa disquisición. Lo hizo con el denominado factor de sostenibilidad, un mecanismo ideado para garantizar la viabilidad a largo plazo del sistema público de pensiones. En esencia, consistía en ir reduciendo la cuantía de las nuevas prestaciones año tras año: las pagas serían más bajas, pero se cobrarían durante más tiempo por el aumento de la esperanza de vida. Si en 1990 los españoles vivieron 77 años de media, la estimación es que a finales de esta década se superen los 85. Los primeros vivieron unos doce años cobrando pensiones públicas; los segundos lo harán durante veinte. Este fue el leit motiv de aquel factor de sostenibilidad que, con el cambio de gobierno, quedó enterrado. Sin embargo, el último informe de envejecimiento Ageing Report de la Comisión Europea mantiene esta planificación en sus últimas previsiones. Pese al optimismo del Gobierno acerca del mantenimiento futuro del nivel de vida de los mayores, en Bruselas consideran que las pagas seguirán menguando. Para 2070, estima que los que se jubilen solo ingresarán un 40% de su último sueldo en concepto de prestación contributiva.
De aquella reforma de 2013 salieron dos medidas: ese factor de sostenibilidad y un índice que solo permitía aumentar las pagas un 0,25% cada año, independientemente de la inflación. Las dos se anularon y reemplazaron, pero este estudio oficial de Bruselas solo ha estimado, para analizar el escenario futuro, que las pensiones se revalorizarán con el IPC. Es como si el factor de sostenibilidad, que nunca llegó a ejecutarse –iba a entrar en vigor en 2023–, sí fuese a entrar en vigor. De ahí que haya calculado cuánto más costarán las pagas, subiéndolas al mismo ritmo que la inflación, y haya obviado el hecho de que los recortes no se van a producir. Este informe, el Ageing Report 2021, es mencionado una veintena de veces en el Programa de Estabilidad 2022-2025 que el Ejecutivo remitió este viernes a Bruselas, y que rebaja la tasa de crecimiento del PIB como consecuencia de la escalada inflacionista y la invasión de Ucrania. En este mismo texto, Madrid defiende que el próximo Ageing Report (para 2024) sí recogerá sus medidas, y que constatará que las pensiones públicas no irán a menos, al menos no de forma tan abrupta.
Para un salario de 1.000 euros, la tasa de reemplazo dejaría una pensión de 413 mensuales
La Comisión Europea compara cómo serán las nuevas pensiones de jubilación con el último salario. Es lo que se denomina tasa de reemplazo. A día de hoy, el sistema público español garantiza el 77% del sueldo, de media, a las personas que se retiran de la vida laboral. Es la ratio más alta de toda la Unión Europea, seguida de Portugal (74), Grecia (69) y Luxemburgo (67,1).
En otros países del continente, el peso de la caja pública es muy inferior, ya que se ha extendido su complementariedad con planes privados o programas como la mochila austríaca. De cara a 2070, siempre según este informe, todas las pensiones públicas irán a menos en comparación con el último sueldo. Pero en ningún país se experimentará un recorte tan pronunciado como en España. En el conjunto de la UE, la tasa de reemplazo es del 46%, y bajará al 37,5% dentro de casi medio siglo; en España se parte de ese 77%, para llegar a 2070 con un 41,3%. El reemplazo para un salario mínimo actual (SMI de 1.000 euros), por ejemplo, equivaldría a una pensión pública de 413 euros mensuales.
Con independencia de la eventual corrección que, como anticipa el Gobierno, realice la Comisión Europea de estas previsiones, el panorama a futuro es muy complejo. Bruselas calcula que la población española tocará techo sobre 2050, con 49,3 millones de habitantes, pero que llegará a 2070 por debajo del umbral actual (47 millones). Y que el coste del sistema no dejará de crecer sin que exista una base amplia de nuevas generaciones que lo soporte. Estima que si hoy la proporción de población inactiva (mayores de 65 y menores de 20) es del 32%, dentro de cincuenta años superará el 65%. Así será el panorama en Galicia: más de seis de cada diez habitantes dependerán del Estado o de sus padres, y que su aportación como contribuyentes será por sus ingresos como pensionistas.
