A las 12:00 de la mañana de este martes, el personal de la Inspección de Trabajo de más de cincuenta oficinas de toda España estaba llamado a salir a la calle para concentrarse en defensa de sus reivindicaciones (más plantilla y mejores condiciones laborales), como preludio de la huelga convocada en este organismo público, la primera de su centenaria historia, que -si no hay un acuerdo antes con el Gobierno- se celebrará el 30 de marzo. De momento, tras un último esfuerzo negociador del Ministerio de Trabajo con los sindicatos, que acabó sin acuerdo en la noche del lunes, la protesta se mantiene, tal y como publica El Periódico de España.

En la concentración de Madrid, decenas de trabajadores de la institución desafiaron el gélido viento que soplaba en la puerta de su Dirección Territorial, vecina a la Plaza de España, para leer un comunicado pactado por las centrales convocantes en los que reparten las culpas de la situación entre dos ministerios: el de Hacienda, por su “cerrazón”, y el de Trabajo, por su “debilidad”. Acusan al departamento de María Jesús Montero de no querer cumplir el acuerdo alcanzado el pasado verano para reforzar la Inspección, y al de Yolanda Díaz, que fue el que firmó aquel pacto, de no defender su cumplimiento en el seno del Ejecutivo.

“Trabajo le echa la culpa a Hacienda, Hacienda no responde, y por eso nos vemos obligados a movilizarnos hoy [este martes] y a hacer la huelga la semana que viene”, sintetiza Fernando Boró, de CCOO, detrás de la pancarta de la concentración de Madrid. “El Gobierno es un órgano colegiado, es único y tiene un único Presidente, que es el que tiene que cumplir”, apostilla Miguel Ángel Montero (CSIF), que destaca la unidad sindical tras la protesta: “Es la primera vez que todas las organizaciones sindicales de la Inspección menos una, es decir, ocho de nueve, nos coordinamos, movilizando a todo el colectivo: inspectores, subinspectores y personal administrativo y de estructura”, asegura.

El pacto Gobierno-sindicatos de julio de 2021 contemplaba un incremento de plantilla de 452 personas en la categoría de Técnicos y Administrativos para apoyar a los 3.000 empleados con los que cuenta ahora la Inspección, según cálculos de las centrales, que aseguran que haría falta llegar a los 4.250 efectivos para cumplir con las ratios inspectores/trabajadores que la Organización Internacional del Trabajo considera adecuadas para un país desarrollado. "Vamos a seguir presionando para que la ministra [Díaz] se siente a negociar", asegura Javier Ramírez, de UGT; los sindicatos cuentan con que el Gobierno tratará de dialogar con ellos en los próximos días para tratar de evitar la huelga.