El PP, Vox y Ciudadanos han cargado en el Congreso contra las propuestas del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para los trabajadores autónomos, a los que se ha sumado también su propio socio de Gobierno, Unidas Podemos, que ha rechazado su última propuesta.
"De ser verdad, mi grupo está absolutamente en contra", ha dicho su diputada Sofía Castañón, asegurando que subir las cuotas a quienes menos ganan y bajarlas a los que más "es injusto, ineficaz, insostenible" y supone "apuntalar la dolorosa falacia de que el fraude fiscal es por quien hace una factura en 'B'".
Todo ello en una moción registrada por el PP tras la interpelación urgente al ministro Escrivá en la última sesión de control, donde los 'populares' exigen desechar la propuesta del Gobierno de cotizaciones según sus ingresos, y discutir la misma en el Pacto de Toledo.
Su portavoz laboral, Diego Movellán, ha cargado contra el ministro de Seguridad Social, al que ha acusado de "irresponsabilidad" y de "falta de profesionalidad y rigor absoluta".
María Luisa Vilches, del PSOE, se ha preguntado cómo el PP pide acuerdo con los agentes sociales si luego va a rechazarlo, como para la reforma laboral, y ha pedido a las filas 'populares' que "no usen al colectivo para torpedear las negociaciones": "Nos traen la moción porque estamos cerca del acuerdo con las asociaciones", ha dicho.
"Seremos críticos y exigentes", ha dicho Joan Capdevila, de ERC, que no ve sentido en criticar ahora "lo que todavía es incierto", al tiempo que el PDeCAT le ha pedido al Gobierno que busque el acuerdo con las asociaciones, pero también con la oposición.
El PNV ha recordado al PP, por sus alusiones al Pacto de Toledo, que la previsión de cotizar por ingresos reales ya se contempla en las vigentes recomendaciones, pero sin embargo ha lamentado que, en estas negociaciones, el Gobierno no haya contado con el Pacto.
Una "predisposición dañina"
Pocos minutos antes, Escrivá ha defendido este miércoles la permanencia de los trabajadores mayores de 55 años en el mercado de trabajo y ha asegurado que la presencia de este colectivo es compatible con la incorporación de los empleados más jóvenes.
"Vamos hacia un mercado de trabajo que va a exigirnos que nuestros jóvenes y mayores sean capaces de trabajar juntos", ha dicho Escrivá durante su intervención en el acto "Aprender de la experiencia", organizado por la Cámara de Comercio de España y 65 y más.
El ministro ha lamentado que en España se haya desarrollado una "predisposición dañina" para prescindir del talento de más edad, a pesar de que muchas de esas personas "querrían seguir trabajando". Sobre este punto, Escrivá ha señalado que la tasa de actividad de las personas mayores de 55 años en España se mantiene estabilizada, mientras que en Europa va en aumento.
Para mantener a los trabajadores mayores de 55 años en activo, el Gobierno ha impulsado "medidas ambiciosas" para que a las empresas les resulte "más fácil y atractivo" retener a ese colectivo. Además, el Ejecutivo también quiere promover la "jubilación demorada" con un pago de una sola vez que puede llegar hasta los 12.000 euros por cada año que retrasa la jubilación.
Al margen de la normativa, el ministro ha pedido un "cambio cultural entre empresas y trabajadores" y ha invitado a "destruir la falacia" que sostiene que el número de puestos de trabajo en una economía es fijo.
Escrivá se ha referido a la incorporación de la mujer al mercado de trabajo o a la llegada de inmigrantes sin que esto supusiera una disminución de los empleos para otros grupos de la sociedad.
"Los trabajadores de diferentes generaciones tenemos que destruir esta falacia. No son sustitutivos, sino complementarios", ha insistido el ministro.
El IMV un "éxito extraordinario"
Por otro lado, el ministro ha calificado este miércoles de "éxito extraordinario" el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que, según ha apuntado, reciben "casi un millón de personas" en el país. En este sentido, el ministro ha apuntado que quien no lo ha recibido es porque no cumple con los requisitos.
Escrivá ha respondido así durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso a una pregunta de la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, que ha pedido explicaciones por lo que considera un "fracaso" en la "gestión" de esta prestación.
Oramas ha lamentado que "cientos de miles" de personas que sí reúnen los requisitos no están pudiendo cobrar el IMV por "la brecha digital, sin opción a presencial" como, ha asegurado, es el caso de la Seguridad Social en Gran Canaria.
La diputada ha explicado que allí la gente hace cola "desde las cinco de la mañana" y "a la intemperie" y que solo se "atienden a 20 peronas" de colas de "cien". "Y esto también sucede en Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura", ha asegurado.
También ha criticado que no se revise de oficio una solicitud denegada cuando hay modificaciones sobre algún aspecto, y se exija al ciudadano que vuelva a realizar la solicitud digital; o que en los casos en los que un ciudadano gana el recurso a la denegación de la ayuda en el juzgado de lo social, la Seguridad Social recurra y "siga sin pagar una prestación reocnocida judicialmente".
El ministro ha respondido a estas críticas recordándole a Oramas que su formación, Coalición Canaria, ha gobernado la CCAA durante los últimos 25 años en los que la renta mínima era competencia autonómica y que, en ese cuarto de siglo "llegaron a 42.000 personas", mientras su departamento "en año y medio" ha llegado a "más de 100.000" con el IMV.
El responsable de Inclusión ha apuntado, además, que el Gobierno central ha "doblado" el presupuesto en esta materia que, según ha indicado, el Gobierno de Coalición Canaria "no ha podido desarrollar en 25 años" y que, según ha apuntado, dejó un superávit en 2018 de 900 millones de euros en la región.
