El Gobierno dará tres meses a las empresas para adaptar sus contratos temporales a la reforma laboral, mientras que la duración máxima de los contratos por obra y servicio será de seis meses desde la entrada en vigor de esta norma. Esta es una de las principales medidas de la nueva reforma laboral acordada con la CEOE y UGT y CCOO que ha aprobado el Consejo de Ministros este martes y que se prevé su entrada en vigor este miércoles, tras ser publicada en el boletín oficial del Estado (BOE).

"Hoy no es un día cualquiera. No miento si les digo que es uno de los días más importantes del Gobierno de España y de esta legislatura. Frente al no por el no de la primera fuerza de la oposición, lo que hoy hacemos cambia el rostro de la precariedad en nuestro país", ha celebrado la vicepresidenta ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en compañía del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.

El pacto alcanzado la semana pasada supone modificar algunos aspectos de la reforma laboral del PP en 2012, al recuperar la ultraactividad de los convenios y la prioridad del convenio sectorial en materia salarial. Además, sienta las bases de un nuevo modelo de erte que sirva de alternativa al despido ante crisis o reconversiones sectoriales, se reforman los contratos fijos-discontinuos para que tengan los mismos derechos que los indefinidos y se modifican los contratos formativos, inspirados en la formación dual.

Pero, sobre todo, la nueva norma trata de reducir la excesiva temporalidad del mercado laboral español al establecer que el contrato ordinario sea el indefinido. Para hacerse una idea, según el ministro Escrivá, el 40% de los contratos tienen 5 o menos días en España. Para acabar con esta "anomalía", en palabras de la vicepresidenta Díaz, los contratos temporales solo podrán celebrarse por dos motivos muy determinados: o bien por sustitución de persona trabajadora con derecho a reserva del puesto de trabajo durante un plazo de tres meses o por circunstancias de producción y durante un máximo de seis meses que, por la vía de la negociación colectiva en "determinados sectores", podrían extenderse otros tres meses hasta un total de 90 días.

El incumplimiento de las normas que regulan la contratación temporal llevará a que el trabajador sea considerado indefinido. De hecho, se elevarán las sanciones contempladas en la Ley de Infracciones y del Orden Social (LISOS) por el uso fraudulento de la contratación temporal, estableciéndose multas por cada situación fraudulenta y no por empresa, como hasta ahora. Según ha explicado la vicepresidenta, hasta el momento las empresas que incurran en una rotación abusiva de contratos temporales podían ser multadas con un máximo de 8.000 euros en total, mientras que a partir de ahora el máximo será de 10.000 euros y por cada una de las personas que estén en situación fraudulenta.

Negociación parlamentaria

El Ejecutivo encara ahora la negociación para obtener los avales suficientes para que se convalide la norma, para lo que cuenta como máximo con un mes. Pese a que algunos de sus socios de la coalición de gobierno, como es el caso del PNV, ERC y Bildu, no dan por seguro su apoyo, la vicepresidenta confía en el diálogo para evitar la tramitación como proyecto de ley que pudiera dar lugar a grandes cambios en el texto. "No hemos estado nueve meses para esto (cambiar el texto). La vocación es mantener este texto", ha insistido Díaz, casi suscribiendo las palabras del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que advertía este lunes que si había cambios en el Congreso de los Diputados se saldrían del acuerdo.

La vicepresidenta, además, ha habido diálogo con todas las fuerzas políticas para alcanzar el texto finalmente acordado --"No ha habido una mesa ajena a puerta cerrada. Todas las fuerzas políticas, incluso alguna que tiene solo un diputado conoce lo que se ha estado haciendo", ha dicho Díaz-- y ha sugerido que las protestas forman parte de la labor parlamentaria pero difícilmente se traducirán en una negativa de los grupos. "Decirle a los trabajadores que vamos a acabar con la precariedad, humo no es. He sido diputada y se que las fuerzas políticas tienen que hacer su trabajo pero esto humo no es. Dialogo, dialogo y dialogo", ha insistido en relación a las declaraciones del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, en las que ha dicho que el Gobierno "vende humo" con esta reforma. "Hemos vivido un momento parecido con la ley 'rider,' que fue compleja, con un enorme debate en el seno de las organizaciones empresariales y sindicales y finalmente la tramitación parlamentaria fue la que fue pese a los debates. Nosotros vamos a dialogar más allá de lo posible", ha reiterado Díaz.