El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luís Escrivá, ha pactado con los sindicatos, y ante el rechazo de la patronal, una subida temporal de las cotizaciones para llenar la hucha de las pensiones y asegurar la viabilidad del sistema público. El consenso rubricado con las centrales consiste en subir 0,6 puntos durante 10 años las cuotas sociales de todos los trabajadores. El formato que empezará a estar vigente a partir del 2023 implica que tanto empresa como trabajador notarán dicha subida en sus bolsillos, aunque serán las compañías las que deban hacerse cargo de la mayor parte de la subida. Pero, ¿cómo acabará afectando al bolsillo de los trabajadores? Aquí las claves de la subida.
1- ¿Cómo funciona el actual sistema de cotizaciones?
La cifra que ingresa un trabajador a final de mes no es la cifra que destina la empresa para costear su nómina. La empresa paga, en total, más del salario bruto que percibe el trabajador y el salario bruto es más de lo que finalmente recibe el empleado en su nómina. En un caso práctico de un trabajador que percibe un salario de 1.000 euros brutos al mes (con las pagas prorrateadas), la empresa actualmente (antes de la subida) paga un total de 1.320 euros. Unos 320 euros (32% de cotizaciones) se los queda la Seguridad Social para costear futuras bajas médicas o formación; entre otros. Y los otros 1.000 euros van para el bolsillo del trabajador, previo descuento de su parte de las de cotizaciones sociales (6,35%) y el IRPF de Hacienda, que dependerá de la retención que aplique cada comunidad autónoma (en Catalunya, por ejemplo, sería del 0%).
Un trabajador con contrato indefinido tiene un porcentaje de cotización que ronda el 38% sobre su sueldo, pues la cifra final depende del tipo de contrato y del sector de actividad. Los temporales pagan más cotizaciones que los indefinidos y cuanto más peligroso sea un sector, más pagan los empresarios. De ese 38% una parte va a cargo del trabajador (el 6,35%) y la otra parte a cargo de la empresa (32%). Es decir, para que el trabajador tenga un salario bruto de 1.000 euros, el coste empresarial es de 1.314 euros. Y la subida de cuotas le supondría un coste de casi 5 euros al mes, a pagar entre el empresario (4 euros) y el trabajador (1 euro).
2 ¿Cuánto subirá y quién asumirá el nuevo coste?
La propuesta de Escrivá lo que pretende es añadir 0,6 puntos a ese 38% de cotizaciones sociales. Y de esos 0,6 puntos, 0,5 puntos los asumirá la empresa y 0,1 puntos el trabajador. En el España el sueldo medio está en 2.032 euros brutos al mes, según la última Encuesta de Estructural Salarial del INE. Lo que implica que subir las cuotas 0,6 puntos se traduciría en unos 12 euros mensuales más. Y de esos 12 euros, 2 euros irán a cargo del trabajador, lo que implicaría que se descontarían de su nómina, y que los otros 10 euros irán a cargo de la empresa, lo que implicaría aumentar su coste laboral.
3- ¿A partir de cuándo y hasta cuándo subirán las cuotas?
La subida de cuotas no será inmediata y entrará en vigor a partir del 2023, según lo acordado por el Gobierno y los sindicatos. Y no será para siempre. Según lo pactado, este incremento está pensado para que sea "temporal" y "finalista", con el objetivo único de alimentar la hucha de las pensiones. El acuerdo establece que la subida se acabará en el 2032, lo que implica que, si no hay cambios a posteriori, se volverá a los porcentajes de cotización previos. Es decir, la subida estará en vigor durante 10 años, del 2023 al 2032.
4- ¿Afectaría esa subida a los autónomos?
Sí, la potencial subida afectaría a los autónomos tanto como autónomos, como en su rol de potenciales empleadores, según explica desde el Col·legi Oficial de Gestors Administratius, Aurora Rodès. Actualmente un trabajador por cuenta propia tiene unas cotizaciones mínimas del 30,6%, que sumando esos 0,6 puntos quedaría en el 31,2%. Lo que en el caso de los autónomos que coticen por la base mínima -la mayoría- supondría pagar una cuota mensual de 298,7 euros, es decir, casi 5 euros más al mes. Quienes no se verían afectados, añade Rodes, son los funcionarios, que operan bajo un régimen especial de cotización.
