El Gobierno aprobó el pasado verano el primero de los megaproyectos estratégicos clave para impulsar áreas clave y transformadoras de nuestra economía con los fondos europeos como empuje milmillonario. Fue a mediados de julio cuando el Consejo de Ministros aprobó el proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (PERTE) del sector de la automoción y cuando el presidente Pedro Sánchez lo presentó en sociedad en un gran acto con representantes de la industria automovilística, de la energética y de las nuevas tecnologías.

El Gobierno ha utilizado como intermediarios para presionar a Bruselas a otras instituciones y reguladores

El PERTE del vehículo eléctrico y conectado aspira a movilizar 24.000 millones de euros en inversiones y contará con casi 4.300 millones de ayudas públicas procedentes de la inyección europea canalizada a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El objetivo es crear un hub europeo de la electromovilidad con ayudas e inversiones en toda la cadena de valor (investigación, fabricación, ensamblaje, producción de baterías para los coches eléctrico, desarrollo de la red de enchufes de recarga…) y ligándolo al empuje de conectividad del 5G y de la inteligencia artificial. Y aunque el proyecto no está en marcha, de manera sorprendente se anticipó la participación protagónica de Seat, y otra quincena de empresas como Iberdrola, Telefónica o CaixaBank.

Conocidas y publicitadas ya las abrumadoras cifras y cuatro meses después de aprobarse el nacimiento del proyecto, formalmente no se han dado más pasos para ejecutarlo. El Gobierno insiste en que aprobarán y publicarán la orden de bases y la convocatoria de las ayudas a las que pueden optar las compañías antes de fin de año. Pero para eso primero tiene que contar con el plácet de la Comisión Europea, que de momento sigue sin avalar la formulación del PERTE por el riesgo de que las milmillonarias ayudas públicas que comprende puedan ser contrarias a la normativa comunitaria de ayudas ilícitas de Estado.

Meter prisa a la CE

El Gobierno trata de presionar a la Comisión Europea para que aclare de una vez el marco de ayudas públicas que se podrá utilizar en los mastodónticos proyectos de los PERTE y que fije los límites para los que se podrán repartir las subvenciones sin necesidad de pasar por el filtro de Bruselas y sin tener que contar con su aprobación formal.

“Hay una fuerte discusión abierta con Europa sobre el concepto y el alcance de los PERTE. La pretensión del Gobierno es conseguir para los PERTE un régimen de ayudas tan laxo como el que tienen los Proyectos Importantes de Interés Común Europeo (IPCEI), pero no está consiguiendo de momento que Bruselas le iguale la condiciones”, apuntan desde una de las grandes compañías del Ibex al tanto de las conversaciones. “El Gobierno hizo mucho ruido cuando aprobó el PERTE de automoción. Pero ahora se ha encontrado con que la Comisión Europea quiere que las ayudas pasen por su filtro. Y eso puede ser una barrera muy importante para los grandes proyectos”.

Los nervios en el Ejecutivo son evidentes y se mete prisa a Bruselas para poder sacar adelante el resto de PERTE que pretende impulsar España y sortear el cuello de botella que supondría tener que pedir permiso para cada subvención. Según confirman fuentes gubernamentales, se espera el visto bueno de la Comisión a las ayudas del PERTE de automoción para utilizarlo de modelo para el resto de proyectos estratégicos en cartera. “Estamos intentando acelerar el PERTE de la automoción para aprobar más de cara a final de año”, reconoció esta semana la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, durante su intervención en el congreso de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE) celebrado esta semana en Córdoba.

Los otros PERTE

El Gobierno ha confirmado su intención de sacar adelante varios PERTE. Además del programa del vehículo conectado, España ha anunciado un PERTE en torno a la nueva economía de la lengua para impulsar el español en la ciencia, en la inteligencia artificial y en las industrias culturales, entre otros ámbitos. El Ejecutivo también tiene en estudio el PERTE aeroespacial, el de una agroalimentación inteligente y sostenible, y el de el empuje de una salud de vanguardia. Y también ha mostrado interés en impulsar PERTE de la inteligencia artificial y del hidrógeno verde.

Pero todos estos megaproyectos, cada uno con diferente grado de madurez en su diseño y formulación, están a la espera de que la Comisión Europea dé el sí al PERTE de automoción para que sirva de guía para establecer las ayudas públicas para todos los demás. De ahí las prisas del Ejecutivo español y las presiones para conseguir cierta laxitud en el reparto de las ayudas. Presiones ejercidas por los Ministerios implicados en la aprobación de los PERTE pendientes, y que también está encargando el Gobierno a otras instituciones y reguladores españoles en cada encuentro que mantienen con representantes de la Comisión Europea.

“El Gobierno creó inicialmente los PERTE para poder dar subvenciones directas, pero el modelo tuvo que modificarse porque Europa no iba a permitir las ayudas se dieran sin convocar licitaciones. Ahora el Gobierno se está dando cuenta que sacar proyectos grandes es muy difícil y por eso negocia nuevas condiciones”, explican fuentes de uno de los grandes grupos de consultoría, que están asesorando directamente a las compañías para poder acceder a los fondos europeos. “La realidad es que la Comisión Europea no va a delegar a España la potestad de dar ayudas de Estado. ¿Qué va a pasar con el PERTE del automóvil? Pues es probable que no llegue a existir”.

"¿Qué va a pasar con el PERTE del automóvil? Pues es probable que no llegue a existir”, alerta una de las grandes consultoras

Las dificultades para poner en marcha los proyectos se encuentra paradójicamente en las propias reglas europeas, porque el Marco de Ayudas de Estado limita la cantidad de recursos públicos que se pueden dedicar a apoyar inversiones empresariales sin contar con el visto bueno previo de Bruselas. El Gobierno español negocia con Bruselas precisamente elevar el techo de ese Marco para facilitar las convocatorias grandes, según fuentes conocedoras de estas conversaciones.

“Al topar el volumen de inversión, el Marco está generando incentivos para los proyectos de beneficiarios individuales, en detrimento de iniciativas más potentes por parte de agrupaciones de empresas”, explica Paloma Baena, directora de la Unidad Next Generation EU en LLyC. “Las pymes dependen muchas veces del impulso de las compañías más grandes, así que es importante favorecer las actuaciones conjuntas”.

Tanto el Gobierno como la Comisión Europea confirman contactos permanentes para afinar las características del PERTE del vehículo conectado, pero sin dar más detalles sobre los disensos aún existentes sobre los límites de las subvenciones para no chocar con la legislación europea. El calendario que maneja el Ministerio de Industria pasa por aprobar la convocatoria de ayudas en diciembre, dar de plazo hasta febrero de 2022 para que las compañías presenten sus solicitudes y en julio proceder a la resolución de la concesión de las ayudas. En julio, justo un año después de su aprobación por el Consejo de Ministros. Pero el calendario sólo puede cumplirse con el ok de Bruselas. Y sin él, el resto de PERTE siguen atascados.