La gran disputa en el seno del Gobierno sobre la reforma laboral tenía dos dimensiones: la metodológica y la de contenidos. Resuelta la primera con la creación de una complicada estructura negociadora que requiere tres reuniones por semana, este martes se abordan las cuestiones de fondo en una reunión al más alto nivel entre el Presidente del Gobierno, las dos vicepresidentas en liza (Nadia Calviño, de Economía, y Yolanda Díaz, de Trabajo) y otros ministros afectados: Inclusión, Hacienda y Educación. El propósito del encuentro, según La Moncloa, es “fijar la posición del Gobierno en la mesa de diálogo social”, es decir, nada menos que debatir y resolver las diferencias en el seno del Gobierno para presentar una posición única ante los agentes sociales: qué reforma quiere el Ejecutivo.

Dos documentos van a orientar ese debate interno: el primero, el acuerdo de Gobierno PSOE-Unidas Podemos, que recoge explícitamente la necesidad de derogar los aspectos de la reforma laboral de 2012 referidos a convenios y subcontratación, y el segundo, el texto de mediados de octubre en el que Trabajo recopila la posición del ministerio a lo largo de siete meses de negociación con los agentes sociales. La semana pasada, cuatro secretarios de Estado (los de Empleo, Economía, Hacienda y Seguridad Social) empezaron a desbrozar los textos para preparar la reunión de alto nivel, constatando diferencias y acercando posiciones. Éste es el mapa de las posiciones del Gobierno que tendrán que aclarar los ministros en las próximas horas para poder presentar una posición única y conjunta.

Lo más difícil: convenio y temporalidad

Todas las fuentes coinciden en que las diferencias de posiciones entre Economía y Trabajo son más amplias en negociación colectiva y en temporalidad. La gran baza de Díaz en el primer asunto es que el acuerdo de Gobierno deja bien claro que hay que acabar con las reglas de la reforma de 2012 que favorecen a los empresarios (la caducidad de los convenios al año de ser denunciados y la prioridad aplicativa del pacto de empresa sobre el de sector). Además, los sindicatos se impacientan por una materia que ha estado a punto de ser derogada en tres ocasiones desde 2018, y avisan de que no firmarán ningún acuerdo en el que no se incluya este cambio legal.

Calviño tiene más fácil dar la batalla de la temporalidad: la última propuesta que Trabajo puso sobre la mesa, limitarla al 15% de la plantilla de las empresas, parece difícil de aterrizar con una CEOE en contra que alega que la estructura productiva de España hace imposible una única solución para todos los sectores, porque algunos tienen mucha más temporalidad (la agricultura) y otros mucho menos del 15% (el automóvil). El punto de encuentro puede llegar por medidas que contribuyan a reducir los porcentajes de eventualidad sin restar la flexibilidad que defienden Economía y los empresarios: más papel de los fijos discontinuos, un replanteamiento de los contratos por obra en la construcción, aumentar la participación de las ETT, menos temporalidad en el sector público...  

Lo más fácil: formación y subcontratas

Los asuntos en los que se prevé menos debate son aquellos en los que el diagnóstico es compartido (la necesidad de reformar los contratos formativos), y los que ya han quedado muy allanados por la acción de la justicia y por la constatación de abusos precarizadores. En este sentido, nadie rechaza en serio un cambio en las reglas de subcontratación, que son evidentemente responsables del deterioro de las condiciones laborales de colectivos como el de las camareras de piso, y que además han sido cuestionadas por sentencias como la del Tribunal Supremo de diciembre del año pasado que compele a la contratación indefinida en estas fórmulas de prestación de servicios entre empresas.

Tampoco se espera una pugna muy dura sobre el nuevo Mecanismo de Sostenibilidad del Empleo (MSE), una especie de híbrido entre ERE y ERTE pensado para proteger a los trabajadores de empresas en crisis y facilitarles el tránsito, si es preciso, a una nueva compañía o a un nuevo sector. En este punto la disputa estará, más que en el diseño de la medida, en quién la paga: Trabajo ha pensado en un Fondo compuesto por lo que sobre cada año de la partida presupuestaria del paro, las multas a las grandes compañías que jubilen a trabajadores mayores, el dinero europeo y aportaciones adicionales de los Presupuestos Generales del Estado, una propuesta que afecta directamente a las competencias de Hacienda, Economía y Seguridad Social.

Una novedad: el despido

En los últimos compases de la negociación, un nuevo elemento que hasta ahora no había formado parte del perímetro de la reforma irrumpe vía la negociación presupuestaria: la reposición de las indemnizaciones por despido previas a la reforma de 2012. Esquerra Republicana de Catalunya plantea ahora, como condición para aprobar las cuentas de 2022, volver a las indemnizaciones de 45 días por año trabajado para los despidos disciplinarios improcedentes, en lugar de los 33 que instauró la norma de Rajoy. Una exigencia que el Gobierno tendrá que tener en cuenta, porque la negociación de la reforma discurre en paralelo a la de los Presupuestos: ambos han de quedar aprobados antes de final de año.