Hace apenas un año, la llegada de la pandemia nos hizo afrontar la recesión más intensa y anómala de las últimas décadas, precisamente cuando todavía nos estábamos recuperando de las cicatrices económicas, financieras y sociales de la crisis anterior. Al mismo tiempo, se empezaban a manifestar tendencias de cambio estructural que marcarán el comportamiento de nuestras economías en las próximas décadas, como la digitalización o la transición energética.

Gracias a una respuesta rápida, adecuada y coordinada de política económica se logró proteger las rentas de los agentes, suavizar los efectos negativos sobre el mercado de trabajo y evitar que los problemas de liquidez de las empresas se convirtieran en un problema de solvencia, lo que permitió la recuperación de la actividad y de los mercados financieros en el verano.

Es cierto que la segunda y tercera ola de la pandemia han vuelto a frenar la recuperación, pero la efectividad de las vacunas, el apoyo de la política monetaria y fiscal, y la acumulación de ahorro por parte de las familias hacen pensar que, a partir del segundo trimestre de este año, podremos ver una aceleración de la actividad que nos permita llegar a ritmos de funcionamiento de nuestra economía cercanos al 95% y a crecimientos medios de la actividad del 6%. Especial influencia en esta recuperación tendrá el hecho de que nuestro país tiene una elevada dependencia de sectores especialmente castigados por la pandemia, como el turismo y la hostelería, que podrían ver la luz al final del túnel este año, una vez que nos vayamos acercando a la inmunidad de grupo.

Somos, sin embargo, muy conscientes de que el futuro no está escrito y de que los desafíos a los que se enfrenta la política económica en los próximos dos años son muy importantes. Entre estos retos, me gustaría destacar el apoyo a las empresas favoreciendo los procesos de recapitalización, la movilización y asignación eficiente de los fondos europeos o la reducción de las asimetrías en los efectos de la recesión por sectores, regiones o generaciones.

En definitiva, debemos ser capaces de aprovechar esta ventana de oportunidad para avanzar en las reformas económicas tantas veces pospuestas (laboral, educación, pensiones, etc). Igual que nuestro continente parece estar dispuesto a aprovechar esta crisis para avanzar en el proceso de construcción europea y adaptar el modelo de crecimiento a las grandes tendencias globales, nosotros deberíamos utilizar los fondos procedentes de Europa, y las condiciones financieras extremadamente favorables propiciadas por el BCE, para adaptar nuestras ventajas competitivas a las exigencias del siglo XXI. Tenemos una ventana de oportunidad que no debemos dejar escapar.

En este contexto, el sistema financiero español, gracias a los esfuerzos realizados por el sector en los últimos años, así como por el apoyo de las autoridades monetarias, cuenta en esta ocasión con una posición muy confortable en términos de liquidez y solvencia, lo que está permitiendo apoyar a las familias y empresas españolas.

Esto se ha puesto de manifiesto en 2020, cuando el crédito bancario al sector privado ha vuelto a crecer por primera vez desde la crisis financiera de 2008, gracias a programas como el de avales del ICO, que ha movilizado 115.000 millones de euros en préstamos (el equivalente al 9% del PIB español), lo que supone haber concedido cerca de un millón de operaciones, el 98% a pymes y autónomos.

En el año 2021, es nuestro objetivo continuar apoyando a empresas y familias, y seguir contribuyendo, por tanto, a la recuperación económica de nuestro país.