El Gobierno intervendrá este jueves la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para atajar la grave crisis que vive el fútbol español desde hace nueve meses, desde el beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso. Como ha adelantado 'As' y ha confirmado este diario, el Consejo Superior de Deportes (CSD) ha adoptado finalmente por una decisión drástica, tras largas y continuas conversaciones con la FIFA, que ha dado el visto bueno a la operación.
La comisión directiva del CSD tenía ya prevista una reunión este jueves, a partir de las 11.00 horas, para decidir si suspendía provisionalmente a Pedro Rocha y a los miembros de la gestora de la RFEF, tras la apertura de un expediente por parte del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) por la presunta comisión de infracciones muy graves de todos ellos. Una reunión que sigue en pie, aunque Rocha en ningún caso podrá ser suspendido de forma automática, pues no ocupa cargo federativo alguno, ya que ahora mismo solo era candidato (único) a la presidencia de la RFEF.
Su proclamación estaba prevista para este viernes, después de la comisión electoral desestimara un recurso de Miguel Galán sobre la validez del censo. El Gobierno tenía claro que no podía llegarse a ese extremo. En palabras del secretario de Estado José Manuel Rodríguez Uribes, pronunciadas el pasado viernes en declaraciones a Efe, "no podemos permitirnos como país que el representante del fútbol español en la Eurocopa o los JJOO pudiera ser una persona investigada en una causa penal".
Se refería, claro, a la imputación de Rocha en la causa que investiga la presunta corrupción en la RFEF durante los años de la presidencia Rubiales, época en la que el dirigente extremeño ejerció de vicepresidente económico. Esa ha sido la gota que ha colmado el vaso para que el CSD, después de conversaciones continuas y casi diarias con la FIFA, haya adoptado esta solución. Sus servicios jurídicos llevaban casi 10 días buscando la manera más efectiva e impecable a nivel jurídico de atajar la crisis y esta es la que han encontrado, a expensas de que se expliquen todos los detalles de la intervención y de lo que supondrá.
De la Fuente, Camps, CVC...
El Gobierno tenía argumentos de sobra para bajarle el dedo al único candidato a la presidencia de la RFEF, más allá de su imputación penal. El TAD, en su apertura de expediente, advería de indicios de que ha cometido seis infracciones muy graves diferentes mientras ha estado al frente de la gestora federativa. Entre ellas, destacan el despido de quien era secretario general, Andreu Camps, la ampliación del contrato de Luis de la Fuente, o su decisión de que la RFEF se personara en el caso Supercopa (en el que paradójicamente, fue imputado días después) o de que saliera del litigio de LaLiga por CVC.
Frente a lo que trataban de vender desde su entorno, no se trata de que el TAD cuestione el fondo de sus decisiones, no es su objetivo. El problema, indiciariamente, es que Rocha adoptó esas decisiones sin que la ley le permitiera hacerlo, dado que su como presidente de la gestora debía limitarse a ejecutar "actos ordinarios de mera administración y gestión", tal y como recoger la ley que regular el funcionamiento de las federaciones deportivas.
El Gobierno, con su intervención se garantiza que el fútbol español no quede representado por personas que presuntamente han actuado en contra de la ley, una cuestión sobre la que el TAD deberá resolver en los próximos meses. El comité que se nombre para tomar las riendas de la RFEF deberá llevar a la institución a unas elecciones completas, primero a la asamblea y después a la presidencia, con un mandato de cuatro años. Es probable que dichos comicios se celebren ya después de la Eurocopa masculina de Alemania y de los Juegos Olímpicos de París.
