El enconado enfrentamiento entre el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF)Luis Rubiales, y su tío y ex jefe de gabinete, Juan Rubiales, ha llegado ya hasta los tribunales, con denuncias cruzadas entre ambos. El sobrino acusa al tío de obtener información de manera ilegal y de revelar secretos, mientras el tío acusa al sobrino por acoso y coacciones. Una derivada familiar de la guerra sucia que el fútbol español está librando en las últimas semanas, a través de tramas enfrentadas de presunto espionaje.

Juan fue durante los dos primeros años de mandato (2018-20) el jefe de gabinete y mano derecha de Luis, una relación que se fue deteriorando hasta que fue apartado de su cargo en agosto de 2020 y destinado a otras funciones de menor rango en la RFEF, de la que dos años después sigue siendo empleado. La ruptura entre ambos llegó a tal extremo que ahora Luis considera que su tío Juan está aliado con el presidente de LaLiga, Javier Tebas, y que es la persona que ha facilitado a 'El Confidencial' parte de la información privada que ha publicado en las últimas semanas. Una traición de sangre en toda regla.

Por ello, la RFEF ha denunciado al tío Juan por "obtención de información de manera ilegal y revelación de secretos", según han confirmado fuentes federativas a El Periódico de España. Según declaró el portavoz de la RFEF Javier Gómez Matallanas a Efe, "Juan Rubiales y otro empleado de la RFEF [sin especificar quién] han sido imputados y tendrán que declarar el próximo día 20 [de junio]". Fuentes jurídicas no confirman dicha imputación, aunque sí la existencia de la denuncia, alentada por una serie de informaciones publicadas por Ok Diario en los últimos días. En conversación con este diario, el abogado de Juan Rubiales asegura asimismo desconocer la imputación de su cliente.

Más frentes

En la dirección contraria, el tío Juan ha presentado una denuncia contra su sobrino por acoso y coacciones, lo que hace aumentar los frentes judiciales de Luis: se suma a las acciones contra él por parte del presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (CENAFE), Miguel Ángel Galán -que ya investiga la Fiscalía Anticorrupción-; la del Sindicato Manos Limpias y la del presidente de AFE, David Aganzo, ante la Guardia Civil.

Por una parte, está el conflicto laboral derivado del cese de Juan Rubiales como jefe del gabinete, que ya tiene primera fecha, el próximo 28 de junio, para intentar una conciliación en los Servicios de Mediación, Arbitraje y Conciliación de Madrid (SMAC), donde la defensa de Juan tratará de alegar acoso laboral ('mobbing') y vulneración de derechos fundamentales. A ello se suma una denuncia por acoso y coacciones presentada recientemente en los juzgados ordinarios de Madrid, aún pendiente de admisión, según han señalado a El Periódico de España fuentes jurídicas. 

Presión en su domicilio

En la citada denuncia se relata la situación sufrida por Juan Rubiales desde que cogió una baja el pasado 3 de mayo para recibir tratamiento psicológico y farmacológico, un estado que se vio acentuado cuando el pasado 10 mayo recibió una visita de los responsables de recursos humanos en su propio domicilio, instándole a la firma de determinados documentos. Para entonces, en la RFEF ya deslizaban que tenían un 'topo' al que culpaban de la filtración de información privada del móvil del presidente.

Por eso, la denuncia se dirige contra Alfredo Olivares, director de Organización y Personas, y contra Pedro González Segura, director del departamento legal. Y subsidiariamente también contra el secretario general, Andreu Camps, y contra su sobrino Rubiales, según adelantó Relevo y ha confirmado El Periódico de España.

Mientras tanto, la Fiscalía Anticorrupción continúa analizando diversa documentación relativa al contrato que Luis Rubiales, suscribió para la celebración de la Supercopa en Arabia Saudí y que, junto con otras decisiones polémicas que ha adoptado en su gestión de este organismo, podrían ser constitutivas de delitos de corrupción en los negocios y administración desleal. Los interrogatorios ante el fiscal del caso, José Miguel Alonso Carbajo, tanto del directivo como del jugador del FC Barcelona Gerard Piqué -que obtuvo una comisión cercana a 24 millones de euros por este contrato-, deberán esperar a este análisis, según fuentes de la investigación consultadas El Periódico de España.

En todo caso, puede que este interrogatorio no llegue a producirse en las oficinas de Anticorrupción, sino ante la juez de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid), Delia Rodrigo, donde ha sido turnada una querella por los mismos hechos presentada por el mismo denunciante, el presidente de CENAFE, Miguel Ángel Galán, según señalan fuentes jurídicas a este diario. En el caso de que la magistrada acepte esta querella, el fiscal perderá la dirección de las pesquisas en favor del juzgado, tal y como ordena la ley.

Por el momento se cuenta con amplia documentación sobre el contrato de Arabia Saudí y otras decisiones adoptadas por Rubiales, que ha sido aportada por la propia RFEF y también por Juan Rubiales, después de que compareciera voluntariamente ante la Fiscalía, entregando además varios dispositivos electrónicos.

Sin comisiones rogatorias

El fiscal Alonso no ha solicitado aún ninguna diligencia fuera del país, como podría ser una comisión rogatoria a Arabia Saudí que permita acceder a otros documentos, si bien es conocido que este estado no suele cooperar con la justicia española, como quedó demostrado en la investigación sobre posibles comisiones en la adjudicación del AVE a la Meca que podrían salpicar al rey emérito Juan Carlos I y que quedaron sin respuesta. Este tipo de peticiones fuera del país suelen demorar las diligencias fiscales, que tienen un año máximo de duración -aunque prorrogable- en caso de la Fiscalía Anticorrupción.

Por el momento, la labor de la Fiscalía se centra en analizar la conducta de Rubiales respecto de determinadas decisiones muy concretas -no se trata en ningún caso de hacer ninguna causa general a su gestión-, y de la determinación de conductas que pueden ser delictivas. Los delitos de corrupción entre particulares, según las fuentes consultadas, no son sencillos de determinar, por lo que el análisis de los documentos obtenidos en crucial.

La propia RFEF anunció públicamente el pasado 25 de mayo que había entregado documentación al fiscal en aras de "colaborar con la justicia". Las pesquisas tratan de aclarar si el contrato suscrito, que generó unas comisiones millonarias para la empresa de Piqué Kosmos Global Holding S.L., se hizo a espaldas de la organización.

Desde la Federación también se informó que los documentos remitidos tratan de "aclarar cualquier cuestión respecto a recientes publicaciones en medios de comunicación, sobre el contrato de la Supercopa de España en Arabia Saudí y otros temas relacionados". Entre dichos temas estaría también, según confirmó en su día la propia Fiscalía, lo relativo al pago del alquiler de una vivienda para Rubiales en el centro de Madrid.

La denuncia de Manos Limpias

Existe una segunda acción penal pendiente de admisión, esta vez en forma de denuncia -sólo se exponen unos hechos, sin dirigirse contra nadie en concreto-, que fue presentada por Manos Limpias en los juzgados ordinarios de Madrid. Debido al gran volumen de denuncias que se interponen en la capital, la de Manos Limpias tardará aún unos días en turnarse, por lo que lo más lógico es que acabe siendo acumulada en Majadahonda, que es además el partido judicial al que correspondería por tratarse de hechos cometidos en la sede de la Federación situada en Las Rozas.

 En su denuncia, Manos Limpias alude a dos temas más de los investigados ya por Anticorrupción: el viaje a Nueva York del presidente junto con una pintora mexicana amiga suya y su supuesto espionaje al presidente de Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo. Éste ya ha denunciado los hechos ante la Guardia Civil, como adelantó El Periódico de España.

Sobre este último asunto, la denuncia realizada por el pseudosindicato alude a un presunto delito de falsedad de documento público por la existencia de una "factura falsa" de 11.764 euros para "maquillar" los seguimientos que habría realizado en agosto de 2019 la empresa de detectives Cryptex Europa S.L. al presidente de AFE. El fin de esta investigación era el de desbancar a Aganzo de la AFE a través de una moción de censura, planteada por afiliados de la confianza de Rubiales.