El Ministerio de Justicia ha solicitado de la Audiencia Nacional que no se reconozca al expresidente del Barça Sandro Rosell una indemnización en resarcimiento de daños y perjuicios más allá de los 27 euros fijados por cada día que estuvo en prisión preventiva.

Los abogados de Rosell han criticado la decisión de Justicia, al que han calificado de "controvertido escrito carente de toda lógica jurídica". El expresidente del Barça estuvo privado de libertad 645 días (unos 22 meses), de modo que la indemnización máxima que solicita el ministerio encabezado por Pilar Llop es de 17.415 euros.

Rosell fue puesto en libertad después de un juicio en la Audiencia Nacional en que fue declarado inocente de todos los cargos que se le imputaban (delitos de organización criminal y blanqueo) y reclamó una indemnización de 29,7 millones de euros.

Justicia rechaza, en este sentido, que merezca compensaciones por las pérdidas económicas, los gastos financieros, los de su defensa o de los familiares que se desplazaban a visitarle y reduce a menos de 18.000 euros el dinero que, en su opinión, se le podría dar, que son por daños morales y calculados en "perspectiva global".

Críticas al razonamiento de Justicia

Los letrados de Rosell critican que este es el primer pronunciamiento del Ministerio de Justicia tras más de 18 meses y critican su texto. "Sorprendentemente, ante las resoluciones de contratos vigentes que se produjeron con causa específica en el encarcelamiento de Sandro Rosell que se prolongó durante dos años y los cuantiosos daños económicos que esas resoluciones comportaron, el Ministerio de Justicia considera que tales daños no se habrían producido si Sandro Rosell hubiera reclamado el cumplimiento de los contratos que le vinculaban por la vía judicial, como si la privación de libertad de una de las partes contratantes no constituyera causa justa de resolución contractual".

"El equipo jurídico de Sandro Rosell -prosigue la nota- mantiene su confianza en que la Audiencia Nacional, lejos de razonamientos sin base legal alguna, repare el enorme daño inferido por la magistrada instructora Carmen Lamela en el procedimiento penal. Por otro lado, fuentes cercanas al señor Rosell reiteran la firme voluntad de éste de impedir por todos los medios legales a su alcance que los contribuyentes acaben pagando el desaguisado que se cometió dado que, a su juicio, éste es sólo imputable a la magistrada y/o al entorno en que se resguardó".

Al Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Y el comunicado concluye: "En este sentido, Sandro Rosell, que ha visto recientemente inadmitido a trámite su recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en relación con la querella que interpuso frente a la referida magistrada, no ha tardado en elevar la cuestión al Tribunal Europeo de Derechos Humanos".