El próximo miércoles se cumplen quince años del secuestro judicial del número 1.573 de la revista satírica El Jueves por injurias a Felipe de Borbón, entonces heredero de la Corona. ¿Podría volver a ocurrir?: el presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Miguel Angel Noceda, responde que sí.
"Claramente sí se podría repetir desde la judicatura", asegura a Efe el presidente de la FAPE, y lo argumenta: "la decisión judicial de entonces se rigió por principios constitucionales y si ahora los jueces considerasen que en un momento dado se extralimita el ejercicio de la libertad de expresión, como se juzgo entonces, se podría repetir desde el punto de vista procesal".
El juez de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, a petición de la Fiscalía, fue quien ordenó el secuestro después de ver la portada de la publicación en la que aparecía una caricatura de los actuales reyes manteniendo relaciones sexuales, una imagen que consideraba "denigrante", y con la que los humoristas gráficos, según declararon, querían hacer una crítica de la medida del Gobierno de Rodríguez Zapatero de otorgar una subvención de 2.500 euros por cada nuevo hijo.
Para ello confeccionaron una portada en la que bajo el título "¡Se nota que vienen las elecciones ZP! 2.500 euros por niño" aparecían don Felipe y doña Letizia desnudos y en una postura sexual explícita, mientras el heredero de la Corona decía a su esposa: "¿Te das cuenta? si te quedas preñada... ¡Esto va a ser lo más parecido a trabajar que he hecho en mi vida".
Noceda recuerda que la Constitución prohíbe la censura previa de publicaciones, pero permite el secuestro una vez en la calle si un juez determina que vulnera ciertos derechos fundamentales.
El artículo el artículo 20 de la Constitución, en la que se consagra el derecho a la libertad de expresión, según Noceda, también "otorga a los jueces la facultad del secuestro de una publicación" y quien extralimita el ejercicio de un derecho fundamental "no puede verse amparado legalmente en el mismo para evitar las consecuencias de sus actos".
En la FAPE, según ha señalado, no se ha tratado si este artículo debería modificarse de alguna forma porque no lo considera urgente. Noceda cree que de momento hay que regirse por lo que dice la Constitución y que "lo que hay que hay que hacer es defender el espacio para la crítica y el humor, siempre que se respete a las personas".
"Sí se pasa del límite de la libertad de expresión es cuando uno tiene que enfrentarse a la justicia y eso sigue siendo así. Lo que dice la Constitución es lo que dice", incide.
Cuatro meses después, el juez de la Audiencia Nacional, José María Vázquez Honrubia, impuso una multa de 3.000 euros a los dos autores de la caricatura por un delito de injurias a don Felipe.
El juez consideró que tanto el dibujo como el texto de la viñeta realizada por el dibujante Guillermo Torres y el guionista Manel Fontdevilla era "objetivamente injurioso" y que era "incomprensible" que se utilizara ese medio para descalificar la medida gubernamental del "cheque-bebé".
Pero ésta no ha sido la única publicación objeto de secuestro por orden judicial. Distintas publicaciones españolas lo han sido desde la muerte de Franco, con la revista semanal Cambio 16 a la cabeza de la lista: fue secuestrada judicialmente al menos en cinco ocasiones y objeto de censura en otras tantas.
Por ejemplo, en el número 235, en junio de 1976, se intentó secuestrar una viñeta en la que aparecía el rey Juan Carlos caracterizado como Fred Astaire bailando en el "skyline" de Manhattan sobre un pie con la frase "Un rey en Nueva York".
En 1983, dos ediciones del semanario fueron secuestradas por el "caso Almirón". Eduardo Almirón, jefe de seguridad del presidente de Alianza Popular, Manuel Fraga, se querelló contra la publicación por relacionarle con la organización argentina Triple A.
En 1979 dos ediciones del diario El Alcázar: una información sobre incidentes en la cárcel de Carabanchel, y otra por un supuesto delito de injurias al Gobierno.
El semanario satírico El Cocodrilo fue secuestrado también en dos ocasiones en 1985 y 1986; "Interviú", en al menos ocho y el diario Egin sufrió también frecuentes cierres y secuestros, justificados en su mayoría por apología del terrorismo
En 1980, la revista ultraderechista Fuerza Nueva por un presunto delito de injurias al Rey, como también lo fue la revista Punto y hora de Euskalerría, y en 2000 la revista Dígame, editada por el abogado Emilio Rodríguez Menéndez.
