Hace unas semanas la mansedumbre propia de los circuitos líricos –tranquilidades previas que siempre contrastan con las pasiones que se desatan en las representaciones– se vio alterada por un artículo publicado en el diario «El País» por Jesús Ruiz Mantilla. El periodista ponía el acento en el precio de las entradas de mayor coste del título que abre temporada en el teatro Real de Madrid, Aida de G. Verdi. Nada menos que 632 euros en las localidades más caras del estreno.
En su reportaje había una pregunta clave: «¿Debe considerarse el Real un teatro público?». Sus responsables justificaban la política de precios y defendían el amplio abanico de estos con funciones pensadas para jóvenes –esto ya se hace en otros teatros europeos y consiste en cobrar un precio simbólico por presenciar uno de los últimos ensayos– y explicaban que “hay gente dispuesta a pagar un componente social” (sic).
Lo primero que tiene que quedar claro es que, efectivamente, el Real sí es un teatro público. Su reforma la pagamos todos los españoles con nuestros impuestos y también se financia casi un veinte por ciento de su presupuesto anual con el dinero de todos, aparte luego de otras aportaciones de menor cuantía de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de la capital.
Curiosamente las entradas son bastante más caras que en la mayoría de los grandes teatros europeos, ¿Por qué? La explicación es muy sencilla. Aquí las transferencias públicas son mucho menores que en el resto de los países de nuestro entorno y mantener un estándar de calidad obliga a tener que acudir a ingresos de taquilla de carácter recaudatorio para cuadrar las cuentas. No es algo excepcional y sucede en muchas temporadas de nuestro país. Recientemente, en la Ópera de Oviedo, en Norma, se vendían entradas en el Campoamor a ¡199 euros!, un precio muy alto para la media de ingresos de la población asturiana. Las más baratas, en localidades altas y de confort muy deficiente, rondaban los 40 (aunque en el día hay algún descuento supletorio habilitado si quedan sobrantes).
No afecta esto sólo a los teatros de ópera. Los abonos de los auditorios también tienen precios disuasorios, sobre todo porque, además, apenas facilitan facilidades de pago. En Madrid se encuentran abonos para orquestas que superan ampliamente los mil euros y las entradas sueltas se acercan a los doscientos. Pensemos en pensionistas o en jóvenes. Se les pone muy cuesta arriba acceder a los abonos.
Volvamos a la raíz del problema ¿Qué nos diferencia del resto de los países europeos? Algo muy sencillo: la lírica y la música patrimonial se valoran en nuestro entorno como lo que son: hitos culturales de primer rango que deben protegerse y situarse al alcance de la población, como sucede, por ejemplo, con los museos (¿se imaginan las entradas del Museo del Prado a cien euros?).
Por lo tanto, en Europa no se considera un gasto el presupuesto destinado a la llamada música clásica o a la lírica, sino una inversión que defiende derechos colectivos. Aquí todo lo contrario. Los aficionados han de pagar una buena parte del coste mientras que otro tipo de actividades se financian al cien por ciento a costa del erario. Este alto coste supone un freno para las economías familiares menos saneadas, lo que genera discriminación por razón económica.
Los teatros y auditorios públicos deben tener políticas de difusión cultural efectivas, adaptadas a la realidad de cada territorio. Los clubes privados son otra cosa, y el elitismo en la asistencia a un evento cultural debería ser algo a evitar absolutamente en los equipamientos que todos financiamos con nuestros impuestos.
