«Es la primera noticia que tengo». Jordi Roger, exentrenador y ahora secretario técnico en el Atlético Baleares, abría los ojos con cierto estupor. «Aquí no ha venido nadie», añadió, al tiempo que aparecía el director general Guillermo Pisano y el jefe de prensa del club, Carlos Hernández. Ambos también sorprendidos por la noticia, aparecida ya en casi todos los medios nacionales a lo largo de la mañana, de que el club era presuntamente uno de los investigados por la Guardia Civil por un presunto fraude a la Seguridad Social.
El presidente Ingo Volckmann y el director deportivo Patrick Messow acababan de salir de las oficinas y un jugador se marchaba con su vehículo, pasadas las 12:30 del mediodía. Bajo la lluvia, Pisano explicaba que el club es uno de los que recibe subvención del CSD y que tenía todas las cuentas al día mientras el jefe de prensa insistía a los medios allí presentes que «no ha venido nadie, ni hay nadie en las oficinas, como podéis ver».
Al instante se remitía al «comunicado que emitirá el club para desmentir esta noticia». «No entendemos cómo ha salido el nombre del Atlético Baleares», explicaba.
Volckmann, que ya se había rechazado hacer declaraciones, arrancaba su coche y se dirigía a la salida. Alguien había dado la orden de ‘desalojar’ a los medios que estaban en el Estadio Balear, entre ellos Diario de Mallorca, y un empleado del club mandaba salir de la instalación a los representantes de los medios: «Ya tendríais que estar fuera, venga, venga… No sé por qué habéis entrado… Guarda la cámara, no hagas fotos aquí… Esto es privado».
Desmentido del club y de la Guardia Civil
Minutos después el Atlético Baleares ya había emitido su comunicado: «A raíz las noticias publicadas en diversos medios de comunicación en la mañana de hoy, sobre una supuesta investigación al club, el Atlético Baleares quiere desmentir que la Guardia Civil se haya personado en sus oficinas para realizar ningún registro».
Instantes después, la Guardia Civil emitía un segundo comunicado en referencia al registro de «diez clubes de fútbol que militaron en Segunda B, en una operación contra un posible fraude a la Seguridad Social y otros delitos vinculados con el uso de dinero no declarado cometidos por las entidades deportivas».
Aunque en un principio la Benemérita informó de que el registro afectaba también al Atlético Baleares, posteriormente reconoció que era un error y la operación no afectaba al club isleño. En la nota aclaratoria, la Guardia Civil señala que «presenta un error al final de la misma, que menciona al Baleares y dicha operación no ha afectado a ningún club de futbol de Baleares».
Según han informado fuentes de la investigación, entre los clubes figuran el Calahorra (La Rioja), Hércules (Comunidad Valenciana), Salamanca (Castilla y León), Mérida (Extremadura), Extremadura o Cartagena (Región de Murcia). También se ha registrado en busca de documentación el Atlético Sanluqueño (Andalucía) o La Nucía (Comunidad Valenciana).
El origen, una carta de 2020
La investigación se inició a raíz de una carta dirigida a la Real Federación Española de Fútbol y firmada por once clubs de 2ªB en el año 2020, que denunciaba el agravio comparativo que suponía para los equipos que pagaban de forma legal a sus jugadores y cotizaban debidamente a la Seguridad Social. Así, los especialistas en delitos económicos de la Guardia Civil con el apoyo de la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude, iniciaron una campaña para la detección de posibles delitos de fraude a la Seguridad Social cometidos por los diferentes clubs.
